ACADEMIA MEXICANA DE DERECHO INTERNACIONAL

 

 

 

 

LOS IDEALES

 

 

Uno de los Institutos Científicos más antiguos de América, lo es, sin duda, la Academia Mexicana de Derecho Internacional, cuya historia se remonta a la época en que se inicia la Guerra de Independencia de México.  El líder del movimiento independentista, el Padre de la Patria, Cura Don Miguel Hidalgo y Costilla, entra en la Ciudad de Guanajuato el día 26 de noviembre de 1810 y viendo la extensión que había cobrado la lucha a favor de la Independencia, pensó en estructurar la vida política del país y, a tal fin, nombró dos Ministros y esbozó una misión diplomática muy delicada que puso en manos de Don Pascasio Ortiz de Letona a quien nombra “Mariscal de Campo,

 

 

 

Miguel Hidalgo y Costilla

 

 

Plenipotenciario y Embajador de nuestro cuerpo, cerca del Supremo Congreso de los Estados Unidos”, ello con “todo nuestro poder y la facultad en la mas amplia forma que se requiere y sea necesaria para que por vos y representando nuestras propias personas y conforme a las instrucciones que os tenemos comunicadas, podéis tratar, ajustar y arreglar una alianza ofensiva y defensiva, tratados de comercio útil y lucroso para ambas Naciones y cuanto mas convenga a nuestra felicidad, accediendo y firmando cualesquiera artículos, pactos o convenciones conducentes a dicho fin…”.  Este nombramiento y los poderes otorgados se expiden citando como párrafo final “nos obligamos y prometemos en fe, palabra y nombre de la Nación, que estaremos y pasaremos por cuanto tratéis, ajustéis y firméis a nuestro nombre y lo observaremos y cumpliremos inviolablemente, ratificándolo en especial forma, en fe de lo cual mandamos despachar la presente firmada de nuestra mano y refrendada por el infranscrito, nuestro Consejero y primer Secretario de Estado y del despacho. Dado en nuestro Palacio Nacional de Guanajuato a trece días del mes de diciembre de 1810 años.  Miguel Hidalgo, Generalísimo de América.  José Ma. Chico, Ministro de Gracia y Justicia.  Lic. Ignacio Rayón, Secretario de Estado y del Despacho.  Lic. Pedro Alcántara de Avendaño, Oidor.  Lic. Ignacio Mestas, Fiscal de la Audiencia Nacional.  El documento citado lo lleva el Plenipotenciario Ortiz de Letona, portándolo con el mejor cuidado, y se dirigió a Veracruz donde pensaba embarcarse para los Estados Unidos, pero habiéndose hecho sospechoso por cambiar una onza de oro, fue preso por las autoridades realistas de Molango en la Huasteca y trasladado a la capital para ser entregado a la Junta de Seguridad y Buen Orden, pero antes de llegar a México se comió el documento que portaba y al tragarlo quedó muerto de asfixia.  Como se ve, Don Pascasio Ortiz de Letona fue el primer Embajador del México Independiente y con él  nace la vida diplomática de la nación, y el ejercicio del derecho internacional.

 

La lucha armada continúa y también los propósitos para organizar un gobierno legítimo del México libre, reafirmándose la necesidad de que éste reciba el reconocimiento de los Estados Unidos que ya había consolidado su Independencia, y como vecinos, se buscaba su apoyo a la causa mexicana.  Hidalgo visita al Sr. Lic. Ignacio de Aldama

 

 

 

Ignacio Aldama

 

y González, a la sazón, Alcalde de San Miguel el Grande y le agradece el acuerdo que, junto con otros regidores, firmó el 24 de septiembre de 1810, por el cual se reconocía la autoridad de Hidalgo a quien prometían obediencia y colaboración.  Poco tiempo después Aldama y su familia salen de San Miguel el Grande y, en el camino se encuentran con Hidalgo, quien dispone que Don Ignacio de Allende que ya dirigía el ejército insurgente, le ratificará a Aldama el grado de Mariscal de Campo y Embajador cerca del Gobierno de los Estados Unidos.  El 6 de febrero de 1811 se le confirmó al Lic. Ignacio de Aldama como Embajador comisionado para pasar, en compañía de Fray Juan Salazar, a los Estados Unidos, y cumplir la misión de reconocimiento del Gobierno Mexicano.  Antes de salir pide a Allende su apoyo para constituir una especie de colegio que convocara a los estudiantes o conocedores de derecho para que se dedicaran al estudio, desarrollo y codificación del derecho internacional y así llegar a fijar una política exterior de México.  El Lic. Don Ignacio de Aldama parte rumbo a los Estados Unidos, pero al pasar por San Antonio de Bejar, es detenido por José Manuel Zambrano, realista consumado, y a pretexto de que no llevaba su pasaporte en orden y sospechas simples, lo remiten a Monclava, junto con el Padre Juan Salazar quedando presos y sujetos a juicio,  mientras tanto “El Colegio de Abogados de México hizo borrar a la lista de sus individuos a Ignacio Aldama a causa de su intervención a favor de la Independencia”.  Finalmente fue fusilado el 19 de junio de 1811.

 

Don Ignacio Aldama tuvo el privilegio de estudiar Derecho en la Real y Pontificia Universidad de México y de conocer y discutir las ideas filosóficas y jurídicas que llegaban al país y de conformar su pensamiento con ellas, y con los anhelos americanistas de llevar adelante el “jus soli”, el derecho del suelo, el derecho de la tierra que lo vio nacer y que deseaba volver a expresarse por sí misma ante la comunidad de las naciones.  El pensamiento prevaleciente era bien claro y expuesto por este idealista que bien creía en un México libre, presentándolo así al mundo entero y que sea reconocido por las naciones y sus gobiernos, de aquí afirma la necesidad de preparar enviados que salgan al exterior, den a conocer las intenciones justas del pueblo y que estos mensajeros preparados con las teorías del derecho obtengan el convencimiento de otros estados y den apoyo a la causa de independencia.  Con estos fines sigue el grupo de juristas y sus aspirantes a la instrucción, constituidos en ese flamante colegio, fundado por Aldama, el estudio de la ciencia del derecho en su especialidad internacional.  Estos trabajos no fueron vanos, sus frutos o conclusiones fueron bien recibidas por el gobierno de la nación, admitiendo que la práctica de estos principios logran la unión internacional.

 

En el México ya independiente, con el Emperador Iturbide se crea un departamento diplomático que formalice las relaciones del naciente país y al mismo tiempo se establece, dentro de las materias de estudio de la Universidad de México una especialización sobre el derecho de gentes.  Así nacen los primeros tratados y los primeros vínculos con el exterior.

 

La idea y el esfuerzo del Lic. Don Ignacio de Aldama para el fomento de esta rama del derecho, no fue infructuoso, su idea fue recogida por tratadistas mexicanos y de su instrucción nace un colegio especializado que dio base a lo que es ahora la Academia  Mexicana de Derecho Internacional, que le reconoce como su fundador.

 

 

 

 

LOS INICIOS

 

 

 

A mediados del siglo XIX, México enfrentaba un inquieto problema político al tratar de consolidarse como nación soberana e independiente.  Las pugnas por el control del gobierno entre los grupos de conservadores y liberales impedían la constitución de instituciones sólidas y permanentes, que desembocaron en juntas constantes de abogados empeñados en el derecho de gentes y no alcanzan buenos logros, trabajan, pero sus recomendaciones se desoyen para decidir por el poder político.  En abril de 1853, el General Antonio López de Santa Ana, apoyado por el grupo conservador asumió la Presidencia de la República por enésima ocasión y actuó con poder sin límite, con facultades omnímodas, vulnerando las libertades públicas y centralizando el poder en su sola persona.  Nuestro colegio queda viviente pero improductivo aunque guardando celosamente el ideal del Lic. Ignacio Aldama, su creador.

 

Una gran manifestación popular llevada a cabo el 1º de marzo de 1854 expresó el descontento nacional contra la dictadura de Santa Ana.  Se proclama el Plan de Ayutla, con la participación de Juan Álvarez, Ignacio Comonfort, Trinidad Gómez y otros de tendencia liberal.

 

A la cabeza los Generales Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, se inicia la revuelta final que derrota a los gubernistas y hace renunciar al Presidente Santa Ana a mediados de 1856, no sin antes, el General Ignacio Comonfort, como un virtual Embajador obtiene, en su visita a los Estados Unidos, recursos económicos y armamento que le ayuda al triunfo de sus tropas.

 

Con la proclamación del Plan de Ayala se inició el período que culminaría con la Organización del Congreso Constituyente de 1856 y, con la promulgación de la Constitución Política de 1857, texto constitucional que estableció los principios políticos fundamentales que rigen la vida ciudadana del país.  Al amparo de esta ley fundamental crece la necesidad del estudio avanzado del derecho internacional que fortaleciera la presencia de México en el extranjero.

 

En 1861 el Lic. Benito Juárez es electo Presidente de la República y de él se recibe todo el apoyo para estimular la creación de un cuerpo académico que se especializara en el Derecho Internacional Público. Durante su gobierno se habla de darle vida legal a la que sería después la Academia Mexicana de Derecho Internacional.

 

El General Porfirio Díaz, Presidente de la República en varias etapas (1876 a 1911) apoya los trabajos académicos, da un trato especial a las relaciones exteriores de México y se hacen en su época los primeros intentos para legalizar la existencia de la Academia.

 

 

 

 

Porfirio Díaz

 

 

EL PRIMER INTENTO

 

 

 

El primer intento formal para darle vida a la Academia Mexicana de Derecho Internacional nació de una propuesta que el Sr. Lic. Salvador Diego Fernández hizo ante el grupo de maestros de la Universidad Nacional de México, idea que acogieron con beneplácito los distinguidos juristas de la época, Lic. Genaro Fernández Mac Gregor y Alberto María Carreño y quienes dictaron las bases constitutivas de la Academia, para convocar después a otros catedráticos y doctores en derecho a fin de que quedara instalada legalmente la Academia Mexicana de Derecho Internacional, haciendo grato recuerdo a los ideales del Lic. Don Ignacio de Aldama y González.  A este llamado asisten las más grandes personalidades de la ciencia del derecho y levantan un acta que, entre otras cosas, se redacta como sigue:

 

“En la Ciudad de México, a los treinta y un días del mes de marzo de mil novecientos diecinueve, reunidos los suscritos en la casa número uno de la calle de Gante, por invitación de los Señores Licenciados: Salvador Diego Fernández, Genaro Fernández Mac Gregor y Alberto María Carreño, para fundar la Academia Mexicana de Derecho Internacional, procedieron a discutir las bases constitutivas de la Academia.  Aprobadas en lo general, fueron puestas a discusión una a una y habiendo hecho uso de la palabra los Señores Canseco, Carreño, Diego Fernández, Fernández Mac Gregor, García Landa Noriega, Pérez Verdía, Ramos Pedrueza y Rebolledo, se aprobaron por unanimidad de votos las siguientes:

 

PRIMERA.-    El nombre de la asociación será ACADEMIA    MEXICANA    DE    DERECHO    INTERNACIONAL y tendrá su domicilio en la Ciudad de México, pero podrá establecer sucursales en otros puntos de la República o del Extranjero.

 

SEGUNDA.-     La Academia Mexicana de Derecho Internacional es una Institución Científica que tiene por objeto:

 

       I.-         Establecer un comercio de ideas entre todos los individuos que en México                se dediquen al estudio del derecho de gentes.

       II.-         Fomentar el estudio y difundir el conocimiento del derecho internacional.

       III.-       Abogar porque la norma única de las relaciones entre los estados sea la justicia.

       IV.-       Abogar por el perfeccionamiento del derecho de gentes positivo.

       V.-        Cooperar en la gran obra de codificación del derecho internacional.

       VI.-      Estudiar y discutir los problemas de derecho internacional y especialmente los relativos a nuestra Patria y al Continente Americano.

       VII.-      Publicar una revista y fundar una biblioteca de derecho internacional.

       VIII.-    Patrocinar la publicación de obras sobre derecho internacional y organizar concursos sobre puntos especiales de esta ciencia, otorgando   premios   o recompensas   honoríficas a los vencedores.

 

Siguen más cláusulas hasta la décima que tratan de ser estatutos para el régimen de la Asociación, y termina:

 

 A continuación se procedió a elegir en escrutinio secreto, la Junta Directiva de la Academia y el resultado fue el que sigue:

 

 Presidente,  Lic. Julio García;  Vocales,  Lic. José López Portillo y Rojas, Lic. Salvador Diego Fernández, Lic. Genaro Fernández Mac Gregor, Lic. Antonio Ramos Pedrueza, Lic. Fernando Noriega;  Tesorero Lic. Alejandro Quijano, Secretario Alberto María Carreño”

 

     Antes de cerrar el acta hace uso de la palabra el Lic. Salvador Diego Fernández para manifestar: que aunque mucho agradecía el honor que se le dispensaba al elegirlo vocal, se veía obligado a renunciar, toda vez que en los momentos actuales está encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la idea de quienes han tenido el proyecto de organizar la Academia es que ésta surja y se desarrolle como institución desligada de la política interior y exterior del Gobierno de la República.  Agregó el Sr. Diego Fernández que su presencia en la junta directiva quizás daría lugar también a una torcida interpretación, si alguna vez opiniones asentadas en la revista, que ha de ser órgano de la Academia, pudiera parecer que eran directamente sancionadas por él, aún cuando se dijera en la misma revista que de los juicios emitidos sólo son responsables sus autores y que,  en consecuencia, instaba para que se le admitiera la renuncia.  Tras una breve discusión en la que tomaron parte los Señores Canseco, Carreño, Landa, Pérez Verdía y Rebolledo, la Asamblea acordó que éste último, el Sr. Lic. Don Efrén Rebolledo, funja como vocal interino por el tiempo que dure el impedimento señalado por el Sr. Lic. Salvador Diego Fernández.

 

A petición del Sr. Lic. Carreño se dio un voto de gracia al propio Sr. Diego Fernández, no solo por haber sido él quien tuvo la idea de crear la Academia, sino por su propósito de asegurar su éxito.  Una manifestación semejante se hizo a los Señores Lic. Fernando Mac Gregor y Carreño que con el Sr. Diego Fernández han cooperado a organizar la Academia.

 

En seguida, el Sr. Diego Fernández,  que presidió la Asamblea declaró estar debidamente establecida la Academia Mexicana de Derecho Internacional, y para constancia suscriben la presente acta: Salvador Diego Fernández, Genaro Fernández Mac Gregor, Alberto María Carreño, Julio García, José López Portillo y Rojas, Luis B. Valdés, Benito Pérez Verdía, A. Arteaga, F: G: de León, Fernando Noriega R. de la Garza Ramos, Luis Manuel Rojas, Alejandro Quijano, J. Starr Hunt.  Firmados.

 

Aunque esta acta nunca quedó protocolizada notarialmente para darle el valor legal, si se considera como el documento más importante que da vida legítima a la Academia Mexicana de Derecho Internacional.  La revista oficial de la Academia se publicó con muy buenas colaboraciones.  Pocos números siguieron y los trabajos de la Academia se concretaron a formar un reglamento interno que no se llegó a imponer como norma de acción, ya que distraía mucho a las funciones académicas la situación política del país que para esas fechas estaba envuelta en desordenes de la Revolución Mexicana.  Para ese tiempo y hasta 1925 era Presidente de la República  Don Venustiano Carranza.

 

Los primeros socios, registrados como Académicos fueron los Señores Licenciados: Bartolomé Carvajal, Crisóforo Canseco, Efrén Rebolledo, Francisco Pizarro Suárez, Ricardo Arteaga, Enrique Landa, Antonio Jáuregui, Raúl Arteaga y P. de León, Miguel R. Cárdenas, Eduardo Baz, Carlos Bellina, Javier Cuevas, Rutilo Berlanga, Manuel Castelazo Fuentes, J.L. Starr Hunt, Agustín Garza Galindo, Fernando Noriega, Antonio Pérez  Verdía Jr., Julio Zapata, Rafael Zubarán Capmany, Juan Sánchez Azcona, Miguel V. Avalos, Rómulo Becerra, Carlos Trejo y Lerdo de Tejada, Gerardo Toledo, Federico N. Solórzano, Roque Estrada, Luciano Wiechers, Emilio Pimentel, Julio García, Manuel Cervantes Rendón, Honorato Bolaños, Guillermo Sánchez Barquera, José N. Macías, Miguel Lanz Duret, Fernando González Roa, Flavio González, Manuel A. Chávez, Aquiles Elorduy, Fravio Pérez Gazca, Luis Manuel Rojas, Fernando Duret, Benito J. Pérez Verdía, Fernando Orváñanos Quintanilla, José López Portillo y Rojas, Miguel Alesio Robles, Manuel Gómez Morín, Antonio Ramos Pedrueza, Rafael Pardo, Aurelio Lomelí, Enrique Martínez  Sobral, Atenedoro Monroy, Luis B. Valdés, José L. Cossio, Balbino Dávalos, Rafael de la Garza y Campos, Francisco G. de Cosío, Antonio Caso, Francisco J. César, Agustín M Lazo, Enrique Arroyo, Fernando Lizardi, Ezequiel A. Chávez y Carlos Robles, además de los Señores Juan B. Delgado y Luis Ricoy.

 

 

 

 

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