Uno de los Institutos Científicos más antiguos de
América, lo es, sin duda, la Academia Mexicana de Derecho Internacional, cuya
historia se remonta a la época en que se inicia la Guerra de Independencia de
México. El líder del movimiento
independentista, el Padre de la Patria, Cura Don Miguel Hidalgo y Costilla,
entra en la Ciudad de Guanajuato el día 26 de noviembre de 1810 y viendo la
extensión que había cobrado la lucha a favor de la Independencia, pensó en
estructurar la vida política del país y, a tal fin, nombró dos Ministros y
esbozó una misión diplomática muy delicada que puso en manos de Don Pascasio
Ortiz de Letona a quien nombra “Mariscal de Campo,

Miguel Hidalgo y Costilla
Plenipotenciario y Embajador de nuestro cuerpo, cerca
del Supremo Congreso de los Estados Unidos”, ello con “todo nuestro poder y la
facultad en la mas amplia forma que se requiere y sea necesaria para que por
vos y representando nuestras propias personas y conforme a las instrucciones
que os tenemos comunicadas, podéis tratar, ajustar y arreglar una alianza
ofensiva y defensiva, tratados de comercio útil y lucroso para ambas Naciones y
cuanto mas convenga a nuestra felicidad, accediendo y firmando cualesquiera
artículos, pactos o convenciones conducentes a dicho fin…”. Este nombramiento y los poderes otorgados se
expiden citando como párrafo final “nos obligamos y prometemos en fe, palabra y
nombre de la Nación, que estaremos y pasaremos por cuanto tratéis, ajustéis y
firméis a nuestro nombre y lo observaremos y cumpliremos inviolablemente,
ratificándolo en especial forma, en fe de lo cual mandamos despachar la
presente firmada de nuestra mano y refrendada por el infranscrito, nuestro
Consejero y primer Secretario de Estado y del despacho. Dado en nuestro Palacio
Nacional de Guanajuato a trece días del mes de diciembre de 1810 años. Miguel Hidalgo, Generalísimo de
América. José Ma. Chico, Ministro de
Gracia y Justicia. Lic. Ignacio Rayón,
Secretario de Estado y del Despacho.
Lic. Pedro Alcántara de Avendaño, Oidor. Lic. Ignacio Mestas, Fiscal de la Audiencia Nacional. El documento citado lo lleva el
Plenipotenciario Ortiz de Letona, portándolo con el mejor cuidado, y se dirigió
a Veracruz donde pensaba embarcarse para los Estados Unidos, pero habiéndose
hecho sospechoso por cambiar una onza de oro, fue preso por las autoridades
realistas de Molango en la Huasteca y trasladado a la capital para ser
entregado a la Junta de Seguridad y Buen Orden, pero antes de llegar a México
se comió el documento que portaba y al tragarlo quedó muerto de asfixia. Como se ve, Don Pascasio Ortiz de Letona fue
el primer Embajador del México Independiente y con él nace la vida diplomática de la nación, y el ejercicio del derecho
internacional.
La lucha armada continúa y también los propósitos para
organizar un gobierno legítimo del México libre, reafirmándose la necesidad de
que éste reciba el reconocimiento de los Estados Unidos que ya había
consolidado su Independencia, y como vecinos, se buscaba su apoyo a la causa
mexicana. Hidalgo visita al Sr. Lic.
Ignacio de Aldama

Ignacio Aldama
y González, a la sazón, Alcalde de San Miguel el
Grande y le agradece el acuerdo que, junto con otros regidores, firmó el 24 de
septiembre de 1810, por el cual se reconocía la autoridad de Hidalgo a quien
prometían obediencia y colaboración.
Poco tiempo después Aldama y su familia salen de San Miguel el Grande y,
en el camino se encuentran con Hidalgo, quien dispone que Don Ignacio de
Allende que ya dirigía el ejército insurgente, le ratificará a Aldama el grado
de Mariscal de Campo y Embajador cerca del Gobierno de los Estados Unidos. El 6 de febrero de 1811 se le confirmó al
Lic. Ignacio de Aldama como Embajador comisionado para pasar, en compañía de
Fray Juan Salazar, a los Estados Unidos, y cumplir la misión de reconocimiento
del Gobierno Mexicano. Antes de salir
pide a Allende su apoyo para constituir una especie de colegio que convocara a
los estudiantes o conocedores de derecho para que se dedicaran al estudio,
desarrollo y codificación del derecho internacional y así llegar a fijar una
política exterior de México. El Lic.
Don Ignacio de Aldama parte rumbo a los Estados Unidos, pero al pasar por San
Antonio de Bejar, es detenido por José Manuel Zambrano, realista consumado, y a
pretexto de que no llevaba su pasaporte en orden y sospechas simples, lo
remiten a Monclava, junto con el Padre Juan Salazar quedando presos y sujetos a
juicio, mientras tanto “El Colegio de
Abogados de México hizo borrar a la lista de sus individuos a Ignacio Aldama a
causa de su intervención a favor de la Independencia”. Finalmente fue fusilado el 19 de junio de
1811.
Don Ignacio Aldama tuvo el privilegio de estudiar
Derecho en la Real y Pontificia Universidad de México y de conocer y discutir
las ideas filosóficas y jurídicas que llegaban al país y de conformar su
pensamiento con ellas, y con los anhelos americanistas de llevar adelante el
“jus soli”, el derecho del suelo, el derecho de la tierra que lo vio nacer y
que deseaba volver a expresarse por sí misma ante la comunidad de las
naciones. El pensamiento prevaleciente
era bien claro y expuesto por este idealista que bien creía en un México libre,
presentándolo así al mundo entero y que sea reconocido por las naciones y sus
gobiernos, de aquí afirma la necesidad de preparar enviados que salgan al
exterior, den a conocer las intenciones justas del pueblo y que estos
mensajeros preparados con las teorías del derecho obtengan el convencimiento de
otros estados y den apoyo a la causa de independencia. Con estos fines sigue el grupo de juristas y
sus aspirantes a la instrucción, constituidos en ese flamante colegio, fundado
por Aldama, el estudio de la ciencia del derecho en su especialidad
internacional. Estos trabajos no fueron
vanos, sus frutos o conclusiones fueron bien recibidas por el gobierno de la
nación, admitiendo que la práctica de estos principios logran la unión
internacional.
En el México ya independiente, con el Emperador
Iturbide se crea un departamento diplomático que formalice las relaciones del
naciente país y al mismo tiempo se establece, dentro de las materias de estudio
de la Universidad de México una especialización sobre el derecho de
gentes. Así nacen los primeros tratados
y los primeros vínculos con el exterior.
La idea y el esfuerzo del Lic. Don Ignacio de Aldama
para el fomento de esta rama del derecho, no fue infructuoso, su idea fue recogida
por tratadistas mexicanos y de su instrucción nace un colegio especializado que
dio base a lo que es ahora la Academia
Mexicana de Derecho Internacional, que le reconoce como su fundador.
A mediados del siglo XIX, México enfrentaba un
inquieto problema político al tratar de consolidarse como nación soberana e
independiente. Las pugnas por el
control del gobierno entre los grupos de conservadores y liberales impedían la
constitución de instituciones sólidas y permanentes, que desembocaron en juntas
constantes de abogados empeñados en el derecho de gentes y no alcanzan buenos
logros, trabajan, pero sus recomendaciones se desoyen para decidir por el poder
político. En abril de 1853, el General Antonio
López de Santa Ana, apoyado por el grupo conservador asumió la Presidencia de
la República por enésima ocasión y actuó con poder sin límite, con facultades
omnímodas, vulnerando las libertades públicas y centralizando el poder en su
sola persona. Nuestro colegio queda
viviente pero improductivo aunque guardando celosamente el ideal del Lic.
Ignacio Aldama, su creador.
Una gran manifestación popular llevada a cabo el 1º de
marzo de 1854 expresó el descontento nacional contra la dictadura de Santa
Ana. Se proclama el Plan de Ayutla, con
la participación de Juan Álvarez, Ignacio Comonfort, Trinidad Gómez y otros de
tendencia liberal.
A la cabeza los Generales Juan Álvarez e Ignacio
Comonfort, se inicia la revuelta final que derrota a los gubernistas y hace
renunciar al Presidente Santa Ana a mediados de 1856, no sin antes, el General
Ignacio Comonfort, como un virtual Embajador obtiene, en su visita a los
Estados Unidos, recursos económicos y armamento que le ayuda al triunfo de sus
tropas.
Con la proclamación del Plan de Ayala se inició el
período que culminaría con la Organización del Congreso Constituyente de 1856
y, con la promulgación de la Constitución Política de 1857, texto
constitucional que estableció los principios políticos fundamentales que rigen
la vida ciudadana del país. Al amparo
de esta ley fundamental crece la necesidad del estudio avanzado del derecho
internacional que fortaleciera la presencia de México en el extranjero.
En 1861 el Lic. Benito Juárez es electo Presidente de
la República y de él se recibe todo el apoyo para estimular la creación de un
cuerpo académico que se especializara en el Derecho Internacional Público.
Durante su gobierno se habla de darle vida legal a la que sería después la
Academia Mexicana de Derecho Internacional.
El General Porfirio Díaz, Presidente de la República
en varias etapas (1876 a 1911) apoya los trabajos académicos, da un trato
especial a las relaciones exteriores de México y se hacen en su época los
primeros intentos para legalizar la existencia de la Academia.

Porfirio Díaz
El primer intento formal para darle vida a la Academia
Mexicana de Derecho Internacional nació de una propuesta que el Sr. Lic.
Salvador Diego Fernández hizo ante el grupo de maestros de la Universidad
Nacional de México, idea que acogieron con beneplácito los distinguidos
juristas de la época, Lic. Genaro Fernández Mac Gregor y Alberto María Carreño
y quienes dictaron las bases constitutivas de la Academia, para convocar después
a otros catedráticos y doctores en derecho a fin de que quedara instalada
legalmente la Academia Mexicana de Derecho Internacional, haciendo grato
recuerdo a los ideales del Lic. Don Ignacio de Aldama y González. A este llamado asisten las más grandes personalidades
de la ciencia del derecho y levantan un acta que, entre otras cosas, se redacta
como sigue:
“En la Ciudad de México, a los treinta y un días del
mes de marzo de mil novecientos diecinueve, reunidos los suscritos en la casa
número uno de la calle de Gante, por invitación de los Señores Licenciados:
Salvador Diego Fernández, Genaro Fernández Mac Gregor y Alberto María Carreño,
para fundar la Academia Mexicana de Derecho Internacional, procedieron a
discutir las bases constitutivas de la Academia. Aprobadas en lo general, fueron puestas a discusión una a una y
habiendo hecho uso de la palabra los Señores Canseco, Carreño, Diego Fernández,
Fernández Mac Gregor, García Landa Noriega, Pérez Verdía, Ramos Pedrueza y
Rebolledo, se aprobaron por unanimidad de votos las siguientes:
PRIMERA.- El
nombre de la asociación será ACADEMIA
MEXICANA DE DERECHO
INTERNACIONAL y tendrá su domicilio en la Ciudad de México, pero podrá establecer
sucursales en otros puntos de la República o del Extranjero.
SEGUNDA.-
La Academia Mexicana de Derecho Internacional es una Institución
Científica que tiene por objeto:
I.- Establecer un comercio de ideas entre
todos los individuos que en México se dediquen al estudio del derecho de gentes.
II.- Fomentar el estudio
y difundir el conocimiento del derecho internacional.
III.- Abogar porque la norma única de las relaciones entre los estados
sea la justicia.
IV.- Abogar por el perfeccionamiento del derecho de gentes
positivo.
V.- Cooperar en la gran obra de
codificación del derecho internacional.
VI.- Estudiar y discutir los
problemas de derecho internacional y especialmente los relativos a nuestra
Patria y al Continente Americano.
VII.- Publicar una revista y
fundar una biblioteca de derecho internacional.
VIII.- Patrocinar la
publicación de obras sobre derecho internacional y organizar concursos sobre
puntos especiales de esta ciencia, otorgando
premios o recompensas honoríficas a los vencedores.
Siguen más cláusulas hasta la décima que tratan de ser
estatutos para el régimen de la Asociación, y termina:
A continuación
se procedió a elegir en escrutinio secreto, la Junta Directiva de la Academia y
el resultado fue el que sigue:
Presidente, Lic. Julio
García; Vocales, Lic. José López Portillo y Rojas, Lic.
Salvador Diego Fernández, Lic. Genaro Fernández Mac Gregor, Lic. Antonio Ramos
Pedrueza, Lic. Fernando Noriega;
Tesorero Lic. Alejandro Quijano, Secretario Alberto María Carreño”
Antes de
cerrar el acta hace uso de la palabra el Lic. Salvador Diego Fernández para
manifestar: que aunque mucho agradecía el honor que se le dispensaba al
elegirlo vocal, se veía obligado a renunciar, toda vez que en los momentos
actuales está encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la idea de
quienes han tenido el proyecto de organizar la Academia es que ésta surja y se
desarrolle como institución desligada de la política interior y exterior del
Gobierno de la República. Agregó el Sr.
Diego Fernández que su presencia en la junta directiva quizás daría lugar
también a una torcida interpretación, si alguna vez opiniones asentadas en la
revista, que ha de ser órgano de la Academia, pudiera parecer que eran
directamente sancionadas por él, aún cuando se dijera en la misma revista que
de los juicios emitidos sólo son responsables sus autores y que, en consecuencia, instaba para que se le
admitiera la renuncia. Tras una breve
discusión en la que tomaron parte los Señores Canseco, Carreño, Landa, Pérez
Verdía y Rebolledo, la Asamblea acordó que éste último, el Sr. Lic. Don Efrén
Rebolledo, funja como vocal interino por el tiempo que dure el impedimento
señalado por el Sr. Lic. Salvador Diego Fernández.
A petición del Sr. Lic. Carreño se dio un voto de
gracia al propio Sr. Diego Fernández, no solo por haber sido él quien tuvo la
idea de crear la Academia, sino por su propósito de asegurar su éxito. Una manifestación semejante se hizo a los
Señores Lic. Fernando Mac Gregor y Carreño que con el Sr. Diego Fernández han
cooperado a organizar la Academia.
En seguida, el Sr. Diego Fernández, que presidió la Asamblea declaró estar
debidamente establecida la Academia Mexicana de Derecho Internacional, y para
constancia suscriben la presente acta: Salvador Diego Fernández, Genaro
Fernández Mac Gregor, Alberto María Carreño, Julio García, José López Portillo
y Rojas, Luis B. Valdés, Benito Pérez Verdía, A. Arteaga, F: G: de León,
Fernando Noriega R. de la Garza Ramos, Luis Manuel Rojas, Alejandro Quijano, J.
Starr Hunt. Firmados.
Aunque esta acta nunca quedó protocolizada notarialmente
para darle el valor legal, si se considera como el documento más importante que
da vida legítima a la Academia Mexicana de Derecho Internacional. La revista oficial de la Academia se publicó
con muy buenas colaboraciones. Pocos
números siguieron y los trabajos de la Academia se concretaron a formar un
reglamento interno que no se llegó a imponer como norma de acción, ya que
distraía mucho a las funciones académicas la situación política del país que
para esas fechas estaba envuelta en desordenes de la Revolución Mexicana. Para ese tiempo y hasta 1925 era Presidente
de la República Don Venustiano
Carranza.
Los primeros socios, registrados como Académicos
fueron los Señores Licenciados: Bartolomé Carvajal, Crisóforo Canseco, Efrén
Rebolledo, Francisco Pizarro Suárez, Ricardo Arteaga, Enrique Landa, Antonio
Jáuregui, Raúl Arteaga y P. de León, Miguel R. Cárdenas, Eduardo Baz, Carlos
Bellina, Javier Cuevas, Rutilo Berlanga, Manuel Castelazo Fuentes, J.L. Starr
Hunt, Agustín Garza Galindo, Fernando Noriega, Antonio Pérez Verdía Jr., Julio Zapata, Rafael Zubarán
Capmany, Juan Sánchez Azcona, Miguel V. Avalos, Rómulo Becerra, Carlos Trejo y
Lerdo de Tejada, Gerardo Toledo, Federico N. Solórzano, Roque Estrada, Luciano
Wiechers, Emilio Pimentel, Julio García, Manuel Cervantes Rendón, Honorato
Bolaños, Guillermo Sánchez Barquera, José N. Macías, Miguel Lanz Duret,
Fernando González Roa, Flavio González, Manuel A. Chávez, Aquiles Elorduy,
Fravio Pérez Gazca, Luis Manuel Rojas, Fernando Duret, Benito J. Pérez Verdía,
Fernando Orváñanos Quintanilla, José López Portillo y Rojas, Miguel Alesio
Robles, Manuel Gómez Morín, Antonio Ramos Pedrueza, Rafael Pardo, Aurelio
Lomelí, Enrique Martínez Sobral,
Atenedoro Monroy, Luis B. Valdés, José L. Cossio, Balbino Dávalos, Rafael de la
Garza y Campos, Francisco G. de Cosío, Antonio Caso, Francisco J. César,
Agustín M Lazo, Enrique Arroyo, Fernando Lizardi, Ezequiel A. Chávez y Carlos
Robles, además de los Señores Juan B. Delgado y Luis Ricoy.